Control político y represión económica en el País Vasco durante la Guerra Civil: la comisión provincial de incautación de bienes de Vizcaya

Content Provider	Semantic Scholar
Author	Dueñas, Manuel Álvaro
Copyright Year	1999
Abstract	El Decreto 108 de la Juma de Defensa Nacional, firmado por el general Cabanellas el 13 de septiembre de 1936, dispuso la incautación de los bienes de los considerados desafectos y de los partidos del Frente Popular y las organizaciones opuestas a los sublevados, entre las que se encontraban tanto a las secciones vascas de los partidos y sindicatos obreros y republicanos, como las organizaciones nacionalistas, es decir, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca y Solidaridad de Obreros Vascos. I Cuatro meses después se promulgó el Decretó-Ley, firmado ya por el General Franco. por el que se establecían las estructuras y el procedimiento para efectuar las incautaciones bajo la dirección de una Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado, nombrada por la Junta Técnica del Estado. 2 Se estableció en cada capital de provincia una Comisión Provincial de Incautación de Bienes, presidida por el gobernador civil, de la que formaban parte un magistrado de Audiencia y un abogado del Estado como secretario. nombrados ambos por la Junta Técnica del Estado. Un Juez de carrera o militar, nombrado por la Comisión Provincial. se encargaría de instruir el expediente para declarar administrativamente la responsabilidad civiL pudiendo decretar el embargo cautelar de los bienes del inculpado. Las autoridades militares eran competentes para tomar «toda clase de medidas precautorias» para evitar ocultaciones o desapariciones de bienes.
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Ending Page	404
Page Count	22
File Format	PDF HTM / HTML
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Language	English
Access Restriction	Open
Content Type	Text
Resource Type	Article